Cuando hace algunos meses un grupo de personas decidieron crear UNIJUS (Unidos para la Independencia de la Justicia), primer partido político cuyo objetivo es conseguir la independencia del Poder Judicial, algunos vieron la iniciativa como una quimera, algo insólito, un paso al frente dado por unos idealistas que, tal vez, únicamente querían hacer ruido para adquirir notoriedad, hacerse oír, unos populistas más que se sumarían a la lista de partidos que copan la actualidad política en estos aciagos días que nos está tocando vivir en España.
Pues bien, la realidad, que siempre es tozuda y se empeña en mostrar su verdadera cara, viene a confirmar que la iniciativa y creación de UNIJUS fue oportuna y que existe realmente la necesidad de zafarse de unos políticos de cortas miras y vuelos rasos que ensucian con sus despropósitos y desmanes el buen nombre de la Justicia al amparo de un sistema de elección de jueces y magistrados, carente de independencia, que se muestra sumiso y obediente a sus interesadas y partidistas decisiones políticas.
Como integrantes de un colectivo de ciudadanos que sufren en sus propias carnes las actuaciones judiciales puestas en marcha por orden directa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para intervenir a las empresas filatélicas AFINSA BIENES TANGIBLES y FÓRUM FILATÉLICO, en mayo de 2006 y siendo conocedores de algunos nombres que adquirieron en su momento protagonismo, bien por ser impulsores y ejecutores de la orden de intervención, bien por estar directamente relacionados con la misma, vemos cómo, trece años después de aquél aciago 9 de mayo de 2006, algunos de esos nombres saltan nuevamente a la palestra por razones que nada tienen que ver con el expolio cometido contra los clientes de las filatélicas y lo hacen, algunos de ellos, investidos de mucha más autoridad, amparados por nombramientos de importantes cargos, superiores a los que ostentaban en 2006.
Naturalmente el movimiento ascendente de algunas piezas, colocadas de manera estratégica en este dramático puzle que afecta de manera directa a cerca de medio millón de familias y que terminará, si no lo está haciendo ya, por afectar a todos los españoles, se ha realizado de manera lenta, pero progresiva, envuelto en el mayor ostracismo de cara a la sociedad española, que desconoce el “quién es quién”.
Vemos, por otra parte, con extraordinaria preocupación, cómo desde los puestos políticos y cargos representativos que hoy ocupan, algunos se han vendido a partidos mercenarios, separatistas y carentes de escrúpulos, a quienes necesitan contentar, aunque ello signifique arrojar a los leones a jueces que defendieron la Ley en Cataluña, en la ignominiosa fecha del 1 de octubre; nos referimos, naturalmente, al desamparo que sufre el Juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
En esa misma línea, asistimos con estupor al espectáculo que ofrece una Abogacía del Estado que se pliega a las órdenes del Gobierno y retira de la acusación formulada contra los encausados las palabras “rebelión” y “violencia”, términos que tanto incomodan en estos momentos, manteniendo únicamente como delito, el de “sedición”.
Por el contrario, para intervenir a las filatélicas crearon delitos inexistentes, en tanto que ahora, para conseguir el voto de la peor “estopa” política y contentar a sus “socios” de Gobierno en la sombra, la estrategia consiste en eliminar unos delitos de extraordinaria magnitud, aunque ello suponga anular el papel fundamental de la Abogacía del Estado en su defensa de la Ley y de la unidad del Estado Español.
Al igual que sucediera en 2006, otro gobierno, también socialista, lo vuelve a hacer: cursa una orden que hace saltar por los aires la independencia judicial que debe existir en un Estado de Derecho y lo hace para satisfacer las exigencias de terceros, despreciando que dicha orden constituye un verdadero escándalo, de cara a la opinión pública, por su extraordinaria gravedad.
Si a lo anterior le añadimos el lamentable espectáculo ofrecido por un Tribunal Supremo dividido, que no sabe muy bien a quién contentar: si a la gran banca, al Gobierno o al principio de seguridad jurídica; vemos con estupor cómo el panorama judicial español se está convirtiendo en un sainete, una pantomima no exenta de tintes realmente trágicos, por cuanto desde el máximo Órgano de los Jueces no se pone freno a estas prácticas que evidencian un reparto de puestos y cargos únicamente políticos, adjudicados a algunos miembros serviles dispuestos a hacer favores que compensen el arrastrar, por el polvo del camino, sus mancilladas togas.
Hoy más que nunca se hace necesaria la existencia de UNIJUS. Por dignidad como ciudadanos y, por encima de cualquier otra consideración, para defender a ultranza lo que tanto necesita España: la creación de un verdadero Estado de Derecho que garantice los derechos y libertades de todos los españoles. Así ha venido a refrendarlo el gesto realizado por el Juez D. Manuel Marchena, quien ha manifestado como primer motivo de su renuncia que: Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. (sic)
El tiempo nos dará la razón, del mismo modo que habrá de hacerlo respecto a la infame, arbitraria y desproporcionada intervención, cierre y clausura, de las empresas AFINSA BIENES TANGIBLES y FÓRUM FILATÉLICO.
Lo veremos. Lo veréis.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE UNIJUS
(Unidos para la Independencia de la Justicia)
